Infodemia y constitucionalismo

Escrito por: Karla Barahona Perdomo, estudiante de Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado.

En medio de la actual crisis sanitaria, durante los días que la mayoría debía quedarse obligatoriamente en casa, se potenció la idea global de que al tener en nuestras manos más tiempo relativamente libre debemos adoptar nuevos métodos para estar al tanto de la información que tiene que ver directa o indirectamente con el nuevo Coronavirus.

Bajo esa misma línea de desear capturar conocimientos, me mantuve como espectadora de los Ciclos de conferencias organizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se enfocan en el COVID-19 desde un punto de vista jurídico. Es así como escuché la ponencia del Dr. Daniel Erbetta, profesor de derecho penal y ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe (Argentina), quien puso sobre mi mapa de curiosidad e investigación el término “Infodemia”. 

La infodemia de manera breve se define como un exceso de información generalmente falsa o manipulada, en principio sobre temas relativos a salud, que se expande sobre todo por redes sociales o canales de comunicación con el propósito de desinformar. Organizaciones como la OMS emplean este neologismo para hacer una comparación que nos demuestra que el factor común entre una pandemia y la desinformación, es que ambas se propagan con facilidad y llegan a afectar nocivamente a sus receptores. 

Pese a que la infodemia tiene un enfoque principalmente sobre datos inexactos en temas de salud, nadie puede negar que en países como El Salvador, con una sociedad que atraviesa un cúmulo de conflictos por temas políticos que ha causado un resentimiento colectivo por la corrupción, despilfarro de fondos públicos, abuso de poder, etc., ha hecho que entre las personas resuene en cierta medida más información sobre temas colaterales de leyes, institucionalidad y actuaciones gubernamentales, que sobre aspectos sanitarios y científicos en sí. Por lo que la comunidad jurídica se ha visto obligada en los últimos meses a prestar atención a que la propagación dañina e impura de información que ha nacido como consecuencia de la pandemia, no se extienda a materias de Derecho, especialmente las que versan sobre nuestra norma suprema: la Constitución. 

La pregunta entonces es, ¿cuál es la conexión de la crisis sanitaria, la infodemia y el derecho constitucional? Y como respuesta me apoyo en una analogía entre dos escenarios, así como uno de los productos de la infodemia es, por ejemplo, el mal manejo de una situación médica que se dio por seguir la sugerencia de espacios informativos que aseguran que la cura de una enfermedad se encuentra tomando un tratamiento, cuando en realidad sus efectos secundarios pueden llegar a empeorar la enfermedad. Lo mismo sucede cuando diversos gestores de opinión pública o líderes de algunos sectores promueven una educación imprecisa o falsa sobre el derecho constitucional, siendo en nuestra sociedad últimamente muy difundido un catálogo de “medicinas” para dar solución a los problemas salvadoreños con respecto al Estado, informando bajo un sentido erróneo que estas “curas” van sobre temas como la activación del artículo 87 de la Constitución que regula la insurrección (haciendo creer que es un mecanismo de control del pueblo hacia los diputados), exponer interpretaciones malintencionadas sobre las facultades que se les ha conferido a algunos funcionarios, promover la necesidad de una nueva constitución porque la vigente no responde a la actualidad, o  informar con ligereza sobre que una misma persona tenga la posibilidad de perpetuarse en el poder u otros temas relativos a las cláusulas pétreas. 

Del primer escenario se destaca que la infodemia tiene un alcance tan fuerte que genera sensaciones de desesperación entre las personas que desean parar un padecimiento y aceptan como solución los datos que se le proporcionan, sin cuestionar la credibilidad de los mismos, pudiendo ocurrir exactamente lo mismo en el segundo escenario, porque el salvadoreño está bajo sensaciones negativas con respecto al actuar de los órganos del estado o bajo una mala percepción de su constitución actual gracias a la influencia de la desinformación, y que por esto acepte como cierto todo lo que se le proponga. En ambas circunstancias sucede que se nubla la evaluación crítica al recibir esta información, provocando que la solución como se dio desde el desconocimiento, en lugar de resolver el problema, lo agrave.

Al reconocer la supremacía constitucional, que puede estudiarse en jurisprudencia de la sala como en la sentencia con referencia 18-2001, se comprende que esta ola informativa plagada de errores e ignorancia es muy riesgosa porque no desinforma sobre poca cosa sino sobre el cuerpo normativo que desencadena consecuencias para toda nuestra demás vida jurídica y que está indispensablemente ligado a nuestros derechos y garantías. De ahí la importancia de estar conscientes sobre la responsabilidad que significa difundir materia constitucional en tiempos de dispersión rápida de comunicación, y dejar de promover información malintencionada y tergiversada sin medir sus consecuencias en la vida democrática salvadoreña que defiende como derecho humano fundamental nuestra actual Constitución. 

Al visibilizar este problema, se asegura no solo el derecho al respeto de nuestro sistema político, sino que sirve para fomentar un criterio riguroso sobre los datos que recibimos, extendiéndose incluso este respeto hasta disposiciones sobre el derecho a la educación, como el artículo 60 de la constitución que manda a la enseñanza de la Constitución de la República, pero claramente no a través de medios que tienen la intención de proliferar ideas intoxicadas a través de plataformas que al mismo tiempo difunden fake news, contenido amarillista, fraudulento o sin fuentes confiables. 

Una solución para combatir este fenómeno es ser ciudadanos receptivos de información nueva, pero teniendo filtros y como propósito que al recibir dichas novedades. Elijamos defender la constitucionalidad que tiene como consecuencia directa proteger el Estado de Derecho bajo la promoción de una cultura de información imparcial, técnica, honesta e intelectual, que va a transmitirse a las siguientes generaciones para que no enfrenten las peligrosas consecuencias que puede sufrir una República a manos del deterioro o manipulación del constitucionalismo.