Implicaciones de la regulación en el mercado

Escrito por: Yeny Elizabeth Luna Rivas | Máster en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos.

Una aproximación para conocer las implicaciones que conlleva una regulación eficiente por parte de las administraciones públicas en el mercado

La teoría de la regulación sostiene que los mercados no son perfectos y que no es posible que en todos ellos se logre una asignación óptima de los recursos en beneficio de toda la sociedad; ello porque presentan distorsiones -denominadas también fallas de mercado- que hacen que la autorregulación sea difícil, en muchas ocasiones imposible. Estas imperfecciones impiden que el mecanismo del mercado funcione adecuadamente, y justifican la intervención del Estado para tratar de evitar los comportamientos ineficientes. Lo mismo sucede cuando es imposible alcanzar condiciones de competencia y existe la necesidad de limitar el poder de mercado de un monopolio, a fin de evitar pérdidas de bienestar social.

Dichas intervenciones se pueden observar con mayor facilidad en el caso de la prestación de ciertos servicios que son de interés general, como por ejemplo: el servicio de energía eléctrica, la telefonía, agua, entre otros, que no pueden ser prestados satisfactoriamente por los agentes económicos en condiciones competitivas, ya sea por porque son monopolios naturales, o los precios de mercado son inasequibles para los consumidores con escaso poder adquisitivo, o bien porque el costo que implicaría su prestación significa crear duplicación de infraestructuras, y no podría ser sufragado por los precios de mercado. Entonces, cuando se toma en consideración que uno de los principales papeles del Estado es velar por la cobertura de ciertas necesidades colectivas básicas y garantizar el suministro de estos servicios públicos, no solo se justifica su intervención, sino que se ve con agrado que cree regulaciones específicas para los distintos sectores para garantizar, por una parte, el buen funcionamiento del mercado y, por otra, el mayor bienestar social.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso señalar que la intervención de los poderes públicos en una economía de mercado no puede ser antojadiza ni arbitraria, sino que implica un respeto de las reglas del juego por parte de todos los agentes implicados, en donde se debe tener claro que la regulación atiende a un problema económico y no de intereses políticos o de protección a intereses particulares, por lo que el Estado debe evitar desviarse de ese objetivo y no olvidar que se pretende priorizar el bien común. De ahí que las instituciones que diseñan y aplican distintos elementos normativos tendientes a regular deben asegurarse de que la regulación es la mejor alternativa que el gobierno tiene para corregir el problema, y que se aplicará sobre la causa de la falla de mercado. 

Y es que, una regulación diseñada o aplicada de forma imperfecta puede resultar ineficiente para la ciudadanía y los agentes económicos que son regulados, repercutiendo en la calidad de la prestación de los servicios públicos brindados. Esto conlleva a tener un alto grado de responsabilidad al crear regulaciones y tratar de imponer las mínimas restricciones posibles a la actividad económica, así como a tomar en cuenta los principios de una regulación eficiente, entre los que destacan: eficiencia, necesidad real, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia, entre otros. 

En lo que concierne a una regulación eficiente, tiene grandes beneficios ya que reduce la incertidumbre sobre la aplicación de requisitos y brinda certeza jurídica a los regulados. Del mismo modo, evita restricciones innecesarias, hace que las operaciones de los agentes sean más eficientes y les permite cumplir los objetivos regulatorios, a la vez que promueve la innovación técnica de los diversos procesos organizacionales. En esta misma línea, los reguladores están llamados a verificar que los marcos normativos no contengan regulaciones duplicadas, obsoletas o innecesarias, y que estas guarden coherencia con el resto de normas vigentes del país, para evitar que la regulación se traduzca en desincentivos para la innovación y la competitividad de una industria.

En cuanto a la intervención del Estado en la economía, a lo largo del tiempo ha sido objeto de múltiples controversias y críticas no solo teóricas, sino también económicas y políticas. Ello porque regular no es una tarea sencilla, debido a que se requiere de un análisis altamente exigente para seleccionar la mejor forma de hacerlo, así como una base de criterios técnicos y objetivos previo a la adopción de cualquier proceso regulatorio, de tal forma que se permita identificar los casos en los que intervenir resulta la solución óptima y dejar fuera los casos que no lo ameritan, es decir aquellos mercados que no requieren regulación; o castigar conductas que no son producto de fallas de mercado o, en el peor de los casos, no llegar a regular un mercado que sí lo requiere.

Otro de los aspectos que inciden en una regulación son las importaciones de regulaciones de otros países que tienen economías, sistemas sociales y legales diferentes al nuestro, ya que cada país, por similar que parezca, tiene sus propios sistemas. Obviamente, existirán limitaciones y desafíos para los creadores de las regulaciones, así como para las instituciones encargadas de aplicarlas y fiscalizarlas que les dificultará realizar su trabajo en las óptimas condiciones; por ejemplo, la información asimétrica, pues no siempre se dispone de la información necesaria y fidedigna de las empresas reguladas.

En virtud de los elementos expuestos, es claro que la intervención estatal no debe hacerse de manera apresurada. Esto hace surgir otro punto, que es el riesgo de estar aplicando algunas regulaciones creadas en el pasado que ahora en día podrían no ser eficientes o se encuentren desfasadas, en vista de lo cambiante de las condiciones tecnológicas y económicas. Por esta razón, las administraciones públicas deberían revisar periódicamente sus normativas regulatorias y la calidad de los resultados de sus intervenciones técnicas, para que su contribución en los distintos sectores conlleve la aplicación de los principios de una regulación eficiente y se eviten cargas innecesarias, se optimice el uso de recursos escasos y se vele por que su intervención genere la mínima distorsión posible en la economía, pero priorizando el bien común.

Con estas consideraciones no solo se evitarían comportamientos nocivos, sino que se promoverán comportamientos constructivos y, en el último de los casos, se podría hasta llegar a valorar la desregulación en algunos sectores en donde controlar una actividad económica no sea la mejor alternativa para asegurar su funcionamiento.