Impacto en las Universidades de la aprobación de la propuesta de reducción del 50% del valor de las cuotas académicas por la AL

Por: Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia.

Actualmente, la educación superior es impartida por 41 instituciones, siendo estas las universidades, los institutos especializados y los institutos tecnológicos. De estas instituciones, 24 son universidades, una estatal y 23 universidades privadas, las cuales, de conformidad a lo establecido en el Art. 22 de la Ley de Educación Superior, son las dedicadas a la formación académica en carreras con estudios de carácter multidisciplinario en las ciencias, artes y técnicas.

Además, las universidades como instituciones de educación superior, cumplen tres funciones principales, contempladas en la Ley de Educación Superior, siendo estas la docencia, la investigación y la proyección social. A través de la docencia desde las universidades, se enseña a aprender, se orienta la adquisición de conocimientos, se cultivan valores y se desarrollan en los estudiantes habilidades para la investigación e interpretación, todo ello para la formación integral como profesionales. A través de la investigación, se impulsa la búsqueda sistemática y análisis de nuevos conocimientos para enriquecer la realidad científica, social y ambiental; y, a través de la proyección social se genera la interacción entre el quehacer académico con la realidad natural, social, ambiental y cultural del país.

Así entonces, vemos cómo desde las universidades, no solamente se prepara a los profesionales en habilidades y conocimientos, sino que se enseña el camino para producir ciencia, cultura e investigación, y se promueve el liderazgo social y la innovación, todos ellos elementos esenciales, siendo por tanto las universidades unas instituciones que realizan un aporte significativo para el país.

A través de sus funciones, las universidades benefician directamente a 176,268 estudiantes (MINED 2019) los cuales representan el 92.52% de los estudiantes inscritos en educación superior, siendo por tanto un número significativo respecto al total de estudiantes.

Aprobar una propuesta de reducción el 50% de las cuotas académicas, por tanto, pondría en riesgo no solo la operación y sostenibilidad de las universidades, sino también coartaría la contribución que estas realizan a la sociedad a través de la docencia, investigación y proyección social, y pondría en riesgo la formación y superación de 176,268 estudiantes y familias salvadoreñas.

Sumado a ello, la aprobación de dicha propuesta generaría una afectación para 9,509 profesionales que se dedican a la docencia en las universidades (MINED 2019), para quienes los ingresos generados por su labor docente significan un sustento importante para sus familias, y así también para el personal administrativo que labora en las mismas.

Considerar que al aprobar la reducción del 50% de las cuotas académicas el resto de las cuotas sea subsidiado por el gobierno sería una falacia, pues la actual crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha colocado en una situación de grave deterioro a las arcas del Estado, y los limitados recursos con los que se cuenta son destinados prioritariamente a atender las necesidades de salud de la población salvadoreña, así como también a suplir sus necesidades alimenticias y económicas a través de los proyecto de reactivación.

Por lo tanto, si bien a primera vista la propuesta promovida al interior de la Asamblea Legislativa puede parecer muy atractiva, principalmente para los estudiantes, las consecuencias que tendría su aprobación serían aún mayores que el posible beneficio que se pretende generar, pues como se ha planteado, coartaría el importante aporte que las universidades generan en diferentes ámbitos para la sociedad

Asimismo, cabe mencionar que su aprobación configuraría una grave transgresión al marco normativo nacional y a la Constitución de la República la cual en su Art. 61 establece la autonomía en los aspectos docente, administrativo y económico de las instituciones de educación superior.

Por tanto, más que buscar una alternativa para generar un beneficio, se generará  graves consecuencias, y más que responder a intereses nacionales, se  responderá a intereses de grupos con intereses electorales, se debe generar un diálogo con las universidades para buscar de manera conjunta soluciones que puedan contribuir a apalear la grave situación y afectación económica que sufre gran parte de la población salvadoreña sin detrimento del bienestar de miles de familias salvadoreñas, involucradas en el área de la educación superior.

No cabe duda de que las universidades, conscientes de la difícil situación que atraviesan los salvadoreños, y de manera particular para el caso, los estudiantes universitarios, han manifestado ya de diferentes maneras su voluntad de ofrecer alternativas a quienes realmente lo necesitan. Por tanto, la posibilidad de un diálogo y el ofrecimiento de soluciones reales y sostenibles se encuentra ya sobre la mesa, por lo que falta únicamente el acercamiento entre los actores involucrados para su concreción, tarea para la cual las universidades se encuentran ya en total disposición a espera de las acciones que puedan tomar los actores políticos representados en la Asamblea Legislativa.