Icefi recomienda acciones a los gobiernos centroamericanos para demostrar su compromiso contra la corrupción

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) emitió una serie de recomendaciones a los gobiernos centroamericanos para demostrar su compromiso contra la corrupción. Esto a raíz de las calificaciones de los países centroamericanos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en la dimensión de Control de la corrupción de los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad del Banco Mundial y en el indicador de Incidencia de corrupción del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial.

Los índices señalan que, con excepción de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua  y Panamá mantienen estancamientos o retrocesos de la percepción sobre sus resultados en la lucha contra la corrupción.

Icefi explica que el combate al COVID-19 obligó a los Estados centroamericanos a adoptar medidas fiscales extraordinarias para afrontar la emergencia sanitaria, y que luego, en algunos casos, han tenido que extenderse para enfrentar la emergencia y la reconstrucción por los daños de las tormentas tropicales Eta e Iota en países de la región. Sin embargo, Icefi considera que estas medidas fiscales extraordinarias evidenciaron fallas en la gestión y ejecución de recursos públicos, generando dudas y desconfianza en la población sobre el destino y uso correcto del dinero, incluyendo actos de corrupción.

A criterio del Icefi, ante esta situación los gobiernos centroamericanos deben emprender las siguientes acciones de corto plazo:

• Rendición de cuentas efectiva de la ejecución de recursos públicos para enfrentar el impacto de la pandemia del Covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota. Las adquisiciones públicas efectuadas que invocan criterios de excepción a la normativa general requieren atención y énfasis especiales.
• El acceso a la información del gasto público destinado a las emergencias y los resultados de la implementación de los programas de apoyo económico y social, cumpliendo los estándares internacionales y la legislación de cada país.
• Una evaluación integral de las Contralorías, Cortes o Tribunales Superiores de cuentas sobre la eficiencia e integridad en el uso del gasto público destinado a las emergencias, en particular de las adquisiciones públicas y los programas de asistencia implementados. De esta evaluación deben derivarse recomendaciones y ajustes para los programas regulares o permanentes.
• Investigar, perseguir penalmente y deducir responsabilidades en contra de quienes resulten involucrados en actos de corrupción, especialmente por el abuso del gasto público para enfrentar las emergencias.

El Icefi además plantea como acciones de mediano y largo plazo para que los gobiernos centroamericanos definan explícitamente sus agendas o políticas nacionales contra la corrupción, y a mejorarlas continuamente si ya cuentan con ellas. Estas agendas deben atender las recomendaciones de los mecanismos de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC); de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC); de iniciativas regionales como las Cartas Iberoamericanas del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD); de las evaluaciones o planes que emanan de iniciativas con alcance global como el Foro Global Sobre Transparencia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); y, de la Iniciativa Global de Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés).