Economía

Fiscalía carece de fondos para operar el resto del 2017

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Ayer, el presidente del Congreso, Guillermo Gallegos afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) carece de fondos para operar el resto del 2017, por lo que junto a la oposición buscará que se le asignen 10 millones de dólares provenientes de un impuesto para la seguridad.

«La institución está pasando graves problemas económicos y está siendo de alguna manera asfixiada. Si no se hace nada, difícilmente van a poder operar», porque «deben alquileres de inmuebles, no tienen vehículos, no tienen combustible», dijo Gallegos en rueda de prensa.

Gallegos aseguró que la institución «ha ejecutado en un 99 % todo su presupuesto», por lo que con el principal partido de oposición, (ARENA), y otro minoritario han acordado entregar 10 millones de dólares de un presupuesto especial para la seguridad.

Dichos fondos provienen del impuesto especial para la seguridad del 5 % aplicado a las telecomunicaciones y a las ganancias empresariales superiores a 500,000 dólares, vigente desde 2016.

A mediados de marzo, en la última distribución de los fondos recogidos, de 11 millones de dólares la Fiscalía solo obtuvo 250,000 dólares, mientras que el resto fue distribuido entre la Policía y el Ejército.

En 2016, este tributo llevó 57.5 millones de dólares a las arcas estatales, de los que la Policía recibió 19.65 millones y el Ejército 9.4 millones, cerca del 50 % de lo recaudado.

Las autoridades de la Fiscalía advirtieron a mediados de febrero pasado que estaban al borde del paro por una millonaria deuda que tenía desde 2016 con sus proveedores. «Ninguna empresa ha querido ofrecernos servicios de comunicación, talleres, gasolina, porque no les pagamos en tiempo», dijo a la prensa el gerente general de la Fiscalía, Edwin Molina.

Durante una visita a Guatemala a inicios de febrero, el fiscal general, Douglas Meléndez, criticó que el presupuesto del ente no ha aumentado y que su fiscalía es de las que es menos recursos recibe en la región, a pesar de los «niveles de crímenes fuertes» que lleva.

En esas fechas, la Fiscalía urgía, además de los 69.38 millones del presupuesto asignado para el 2017, de 22 millones de dólares para continuar operando con normalidad. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, y el Gobierno atribuye a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias sus altos índices de asesinatos.

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