Equipo Gestor de Ley de Probidad Pública presentó demanda de inconstitucionalidad

El Equipo Gestor de la Ley de Probidad presentó ayer una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la recién aprobada Ley de Probidad Pública aclarando que tal aprobación viola lo que establece la Constitución de la República, en relación con los procesos por el posible enriquecimiento ilícito. ARENA, PDC y PCN respaldaron dicha demanda.

Según el Equipo Gestor  esta nueva ley no contribuye a la lucha contra la corrupción. Es más, enfatizaron que esta normativa significa un retroceso para el país ya que quita las herramientas para proceder ante casos de posible enriquecimento ilícito y busca que los funcionarios y exfuncionarios que son investigados por la Sección de Probidad no puedan ser enjuiciados.

Otro de los argumentos presentados en la demanda está que esta ley elimina el juicio civil por posible enriquecimiento ilícito que tiene origen en el artículo 240 de la Carta Magna. De esta manera, se está violando la Constitución. La nueva ley faculta a la Sala de lo Civil de informar sobre sospechas de enriquecimiento ilícito de un funcionario a  la Fiscalía General de la República, ya no sería el pleno de la corte como se hacía anteriormente.

También solicitaron a la Sala de lo Constitucional que dicte una medida cautelar para que la ley actual de probidad no pueda ser aplicada mientras se emite una resolución definitiva sobre la demanda que han interpuesto.

Entre las consecuencias que podrá traer esta nueva ley está la cancelación de todos los juicios que ya están en camino y que se mandarán a la Cámara de lo Civil.  Si no se suspende dicha normativa, causará daños inminentes en la sociedad y en los fondos públicos, expresaron.

El presidente de la República Salvador Sánchez Cerén sancionó la Ley de Probidad sin informarlo y se publicó en el Diario Oficial a finales de diciembre del año recién pasado.

Por el momento, son 19 funcionarios y exfuncionarios los que están siendo investigados por la Sección de Probidad.

La próxima semana la Sala de lo Constitucional estudiará dicha demanda.