Artículo

Entrevista principal a los magistrados de la Sala de lo Penal de la CSJ

Publicado

el

La  Sala ha depurado todos los procesos de casación pendientes del año 2018. A diciembre de 2019, quedó un total de 357 expedientes en trámite (330 Casaciones, 23 Excusas y 4 Recusaciones), recibidas en dicho año. Ello evidencia que el tribunal realizó importantes esfuerzos para resolver el 68% de su carga laboral total, con el mismo recurso humano asignado para su funcionamiento.

 

Entrevista a Doris Rivas Galindo, magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esta sala es reconocida por no tener mora judicial.


Uno de los mayores logros de la Sala de lo Penal es la eliminación de la mora judicial, ¿Qué métodos ha utilizado para realizar este gran logro?

Cuando ingresamos en el 2012 había un aproximado de 2 mil casos. Es así como comenzamos a establecer programas emergentes para ordenar la sala y establecer la cantidad real de trabajo que había. Teníamos como propuestas mejorar la calidad de las sentencias para superar la mora judicial. Comenzamos a buscar algunas metodologías de establecimiento de metas con colaboradores judiciales, luego ver qué estaba pasando en el flujo de la dinámica de cada caso que ingresaba.

Aprovechamos la cooperación internacional en este caso de USAID en el tema del fortalecimiento del sector justicia, para que nos proporcionarán apoyo técnico para ir construyendo un sistema tecnológico que nos permitiese encontrar expedientes por las detenciones provisionales vencidas y vencimientos de plazos.  Con el apoyo también de desarrollo tecnológico que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nos apoyaba en las iniciativas, construimos en un lapso de año y medio, este sistema PROTEUS.

Es así como venimos modificando todos los expedientes, las dinámicas que lleva, el estado de cada proceso, y vamos estableciendo prioridades. Permanentemente,  estamos revisando la aplicación, qué aspectos hay que ir mejorando, eliminando e incorporando.

A su consideración, ¿Cómo lograr que la jurisdicción penal asegure una reparación integral sobre los daños que pueda tener la víctima al emitir sentencia? Y en especial a aquellos grupos  que sufren de vulnerabilidad dentro del país.

Hay un eje que nosotros hemos tratado de transversalizar  en la justicia penal y es la transversalización de los derechos humanos y es ahí que nosotros logramos advertir la protección de los derechos humanos de las víctimas y sobre todo, de sectores vulnerables como son las niñas, niños, mujeres, mujeres privadas de libertad, la población LGBTI que tradicionalmente han sido grupos excluidos y invisibilizados.

Nos hace falta y hay que dar ese paso trascendental de protección a esta población en su condición de víctima. Por una parte, no generar impunidad y por otra, la búsqueda de reparación a las víctimas. Yo creo que es una deuda pendiente como país. Deben haber políticas para reparar a las víctimas. No bastan las sentencias, las víctimas no deja de ser víctima porque se dio la sentencia condenatoria sino también es necesario reparar, restaurar su condición de víctima, los daños que ha sufrido, emocionales, morales, sicológicos, materiales. Debemos contar con políticas y decisiones judiciales que tiendan a orientar la reparación de las víctimas y no olvidarnos de ellas.

¿Cuáles considera que son los mecanismos que se pueden impulsar desde el Órgano Judicial para el combate contra la violencia de género?

Por la función misma que nos corresponde lo ideal es la articulación institucional en primer lugar, toda el sistema de administración de justicia  FGR, PGR, PNC, órgano judicial. Articular los esfuerzos a partir de los roles que a cada quien le corresponden, visibilizar también el papel de la víctima, no ver estos casos como de mínima ofensividad sino ver a la víctima en sí misma. Siempre es delito, pero no es lo mismo una agresión sexual en una niña que en una mujer de 30-40 años. Por otra parte, visibilizar a la víctima es unos de los aspectos que como sala hemos venido tratando de avanzar.

Pienso que ese equilibrio que el órgano judicial le ha dado, es el equilibrio que deben darle todas las instituciones del estado. Esto debe estar acompañado de la responsabilidad de la sociedad y la familia, sobre todo la protección de nuestra niñez, todos los actores del país, desde la escuela, la iglesia, la comunidad.

Otra parte es la prevención, ya es una corresponsabilidad de todos con políticas públicas, políticas sociales de todo tipo que permitan la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones y sobre todo con nuestra niñez y adolescencia.

¿Cuáles son sus consideraciones sobre los dispositivos de vigilancia electrónica como medio para reducir el hacinamiento carcelario?Las tobilleras electrónicas me parece que son de mucha utilidad. Hay dos aspectos los que deben ir a la par. Primero, el uso indiscriminado de la detención provisional se debe ir equilibrando. Creo que la mejor manera de los seres humanos de aprender a socializar, es en libertad.Significa que también La detención provisional debe irse minando, digamos imponiendo de una manera excepcional y no ser la regla. Segundo, el uso de los dispositivos también puede ser útil y una herramienta para evitar el uso de la prisión.Lo que se pretende es que no vaya a ver evasión de la justicia, entorpecimiento o ser un obstáculo de la investigación. Si el sospechoso se encuentra en libertad, hay que buscar mecanismos para garantizar su vinculación al proceso, y a partir de ello, considerar las tobilleras que son herramientas eficaces electrónicas.

 

¿Considera que existen presiones externas para el trabajo de los jueces dentro de la jurisdicción penal y Sala de lo Penal?

Aquí ser juez o jueza de la Judicatura de Paz hasta Magistratura de la CSJ, se requiere que en la toma de decisiones seamos independientes. Quiérase o no, hay presiones de cualquier tipo, pero lo valioso, es cuando nosotros estamos comprometidos con la independencia y que es un derecho del ciudadano.

Nuestras decisiones deben estar ajenas de cualquier abuso o cualquier interferencia, ya que tenemos que someternos a la Constitución de la República, a las leyes de la república.

¿Cuáles son los alcances de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH dentro de la jurisdicción penal nacional?

Los alcances que tiene es que en las sentencias de la CorteIDH, nosotros podemos advertir el corpus iuris, que muchas veces toma en cuenta para tomar decisiones y la forma de interpretar los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

También toma en cuenta algunas veces normas del sistema regional como normas del sistema universal de derechos humanos. De ahí nosotros encontramos un corpus iuris que nos va permitiendo también en un momento determinado, decidir casos en el país, porque los tratados internacionales en materia de derechos humanos son leyes de la república. En caso de conflicto entre la ley y tratado, prevalece el tratado. Sin dejar de perder de vista, que el punto de partida es la Constitución de la República.

Durante esta pandemia, ¿cómo se ha desarrollado el trabajo de la Sala de lo Penal?

Sin quererlo prever, la sala que estaba preparada para el trabajo bajo el distanciamiento social y el trabajo en casa, fue la Sala de lo Penal. Nosotros hemos avanzado, hemos logrado ponernos al día, los colaboradores y colaboradoras han sido responsables.

Los magistrados de la sala junto con el secretario hemos logrado monitorear todos los casos con un soporte seguro de información y estamos revisando todo el trabajo. A raíz de la puesta al día de la sala y tratar de ir cumpliendo los casos, el trabajo incrementó porque nosotros asumimos que se ha generado mayor confianza en el trabajo de la sala.

Antes poner una casación, decían los abogados que para qué, que aquí se tardaban años, entonces a partir de la dinámica que seguimos impregnando al control de los expedientes y cómo ir mejorando la calidad de la justicia penal, ha habido una mayor demanda. Ese flujo de trabajo que teníamos pendiente logramos sacarlo durante la pandemia aprovechando la suspensión de los plazos. Hemos producido como si estuviésemos en tiempo normal.

El año pasado, la CSJ con el apoyo del Proyecto de Modernización del Sector Justicia, implementó el Sistema de Gestión Judicial Penal en 25 tribunales de Sentencia y Cámaras de Segunda Instancia de 6 Municipios a nivel nacional, a fin de digitalizar la gestión completa de los expedientes penales y permitir la interconectividad entre las instancias. Dicha implementación fue complementada por diversas jornadas de capacitación a todo el personal judicial.

Adicional a ello, la Dirección de Desarrollo de Tecnología e Información de la Corte Suprema de Justicia realizó estudios de factibilidad para la ampliación de la implementación de este sistema en el resto de Cámaras de segunda instancia y Juzgados de Instrucción. Sin embargo, debido a la situación de emergencia sanitaria que vive el país, fue necesario reorientar el recurso humano con que cuenta dicha dirección, a fin de enfocar esfuerzos para implementar diversas aplicaciones disponibles para los distintos usuarios externos, dentro de un amplio proyecto de transformación digital de la Corte Suprema de Justicia.

Se había anunciado que se pondría en marcha el plan piloto: “Sistema Integrado de Gestión Judicial Penal”, para compartir y estandarizar los procedimientos de gestión de la Sala de lo Penal para los demás tribunales de la jurisdicción penal, ¿Cuáles han sido los avances en el proyecto? (Magistrado Roberto Argueta Manzano).

El año pasado, la CSJ con el apoyo del Proyecto de Modernización del Sector Justicia, implementó el Sistema de Gestión Judicial Penal en 25 tribunales de Sentencia y Cámaras de Segunda Instancia de 6 Municipios a nivel nacional, a fin de digitalizar la gestión completa de los expedientes penales y permitir la interconectividad entre las instancias. Dicha implementación fue complementada por diversas jornadas de capacitación a todo el personal judicial.Adicional a ello, la Dirección de Desarrollo de Tecnología e Información de la Corte Suprema de Justicia realizó estudios de factibilidad para la ampliación de la implementación de este sistema en el resto de Cámaras de segunda instancia y Juzgados de Instrucción. Sin embargo, debido a la situación de emergencia sanitaria que vive el país, fue necesario reorientar el recurso humano con que cuenta dicha dirección, a fin de enfocar esfuerzos para implementar diversas aplicaciones disponibles para los distintos usuarios externos, dentro de un amplio proyecto de transformación digital de la Corte Suprema de Justicia.
¿Cuáles son sus consideraciones sobre la digitalización del Órgano Judicial?
 (Magistrado Leonardo Ramírez Murcia)

A raíz de la actual pandemia mundial por el virus del Covid-19, el sistema judicial enfrenta un reto inédito en la historia moderna, que nuevamente le exige una profunda transformación, esta vez de naturaleza digital, que estará a la altura del tiempo actual, cercano al usuario, eficiente y respetuoso del medio ambiente.

A partir de la experiencia en la gestión digital de los expedientes en la Sala casacional, que permitió la reducción gradual de la mora judicial, y con el fin de replicar este éxito  en el resto de instancias judiciales, se comenzó la implementación paulatina de un sistema integrado de gestión digital.

Es así como de manera ambiciosa, la CSJ pretende implementar la digitalización total de expedientes en todos los fueros penales y no penales.

Click para comentar

Popular

Salir de la versión móvil