El Salvador recibe un apoyo de $620 millones del Banco Mundial y BID para fortalecer su salud pública y garantizar sostenibilidad fiscal

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han aprobado un préstamo conjunto de $620 millones para El Salvador, con el objetivo de fortalecer su sistema de salud pública y respaldar reformas esenciales para garantizar la sostenibilidad macroeconómica y fiscal del país.
De este paquete, $120 millones provienen del Banco Mundial y se destinarán a mejorar la infraestructura sanitaria y los servicios médicos en el país durante un período de cinco años.
El proyecto tiene como prioridad la modernización de la infraestructura de salud, la adquisición de nuevos equipos, la expansión de servicios personalizados, la digitalización de los mismos y el fortalecimiento de las redes de salud.
En palabras de Carine Clert, gerente de país del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica, este financiamiento representa «una oportunidad única para transformar el sistema de salud en El Salvador». La ejecución del proyecto se llevará a cabo en colaboración estrecha con el Ministerio de Salud.
Por otro lado, el BID ha aprobado una operación de mayor envergadura, con un monto de $500 millones.
Este financiamiento está diseñado para respaldar las reformas fiscales y económicas que el gobierno salvadoreño necesita implementar, dentro del marco del programa de asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue aprobado en febrero pasado por un total de $1,400 millones.
El BID destacó que estos fondos otorgarán espacio fiscal al gobierno del presidente Nayib Bukele para continuar con las reformas que buscan incrementar los ingresos tributarios, reducir la deuda pública y fortalecer las reservas internacionales, además de mejorar la gobernanza y la transparencia financiera.
Ambas entidades, el BID y el Banco Mundial, forman parte de un esquema de apoyo conjunto que incluye un desembolso de hasta $3,500 millones para El Salvador, en el marco del programa de asistencia del FMI, que tiene una duración de 40 meses. En este contexto, el gobierno de Bukele se ha comprometido a reducir su intervención en el ecosistema de bitcoin y a implementar un ajuste fiscal equivalente al 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Este ajuste fiscal, que se llevará a cabo en un plazo de tres años, comenzará en 2025 con una reducción de 1.5 %, lo que implicará fuertes recortes en el gasto público y un aumento en la base de contribuyentes.