El bitcóin y sus posibles impactos en El Salvador

Escrito por: Jonathan Menkos Zeissig | Director Ejecutivo, Icefi

En la madrugada del pasado 8 de junio, sesenta y dos de los ochenta diputados que conforman la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron la Ley Bitcóin (Decreto 57). Sin estudios técnicos que sostengan esta acción, ni debates en el Pleno y sin información concreta para explicar a la población el sentido de esta medida, los diputados establecieron que dicha criptomoneda es de libre circulación en el país como una moneda de curso legal y que la ley entrará en vigor noventa días después de su publicación en el diario oficial.

A penas el 5 de junio, el presidente Bukele, anunciaba su interés por este medio digital de intercambio en la Conferencia Bitcoin 2021, un espacio en que se rindió culto a esta criptomoneda y en la que se profesaba sus cualidades para lograr “libertad”, “inclusión financiera” y “unidad”. Un salto de fe para los creyentes del bitcóin, las más antigua de las 4,000 criptomonedas que existen en la actualidad, quienes quizá no sepan que el 95.0% de esta moneda está en manos del 2.4% del total de dueños. Ese selecto grupo de dueños con poder de decisión sí tendrían razones para confiar en el bitcóin. El resto no y he aquí algunas razones, expuestas por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y por muchos economistas, entre ellos premios nobel en economía.

Primero, una alta volatilidad, lo que significa que el bitcóin es incapaz de guardar el poder adquisitivo a lo largo del tiempo, como lo guarda un dólar estadounidense. Por ejemplo, el 1 de enero de 2021, un bitcóin equivalía a USD29,601.0; el 17 de abril llegó a equivaler USD59.800.0, pero el 8 de junio, ya solo equivalía a USD33,417.0 y 22 de junio cerró equivaliendo tan solo USD31,769.0. Quizá para los especuladores, esta volatilidad sea atractiva, pero nadie quiere que le paguen su salario o los bienes y servicios que produce con una criptomoneda cuyo valor futuro es impredecible como resultado de dos factores: el interés o no que tengan algunos actores económicos importantes que no viven ni les importa el bienestar de los salvadoreños (Elon Musk o China, por ejemplo) y el interés que tengan los grandes propietarios de esta moneda para especular con la misma.

Segundo, la socialización del riesgo y de las pérdidas. El artículo 13 de la Ley Bitcóin instruye al Gobierno a constituir un fideicomiso de USD 150.0 millones en el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), para respaldar la convertibilidad automática e instantánea entre el bitcóin y el dólar estadounidense. Debido a que este fideicomiso para amortiguar la volatilidad de esta criptomoneda se estaría financiando con deuda pública, la cual a la postre es amortizada con impuestos, hay que reconocer que el riesgo y el costo de la volatilidad lo asumirían los contribuyentes salvadoreños.

Tercero, la obligatoriedad de su uso, puede tener efectos macroeconómicos nocivos, como la imposibilidad de llegar a acuerdos entre compradores y vendedores cuando uno quiere cobrar o pagar con bitcoines y la otra parte no acepte. Muchos inversionistas, los más aversos al riesgo, también podrían cambiar de destino y evitar instalarse en El Salvador ante la obligación de usar esta criptomoneda que los pondría en dificultades frente a regulaciones más prohibitivas con la utilización de criptomonedas como las estadounidenses, europeas y chinas.

Cuarto, más volatilidad en las frágiles finanzas públicas, pues la ley permite pagar contribuciones tributarias con bitcóin. En el caso en que los contribuyentes decidan pagar sus impuestos con

bitcóin, el Gobierno vería reducida su disponibilidad de dólares estadounidenses para financiar el gasto público. En este escenario, es incierto cómo reaccionarían los trabajadores y proveedores del Estado cuando el Gobierno se vea obligado a pagar con bitcoines. Igual preocupación aplicaría a los acreedores y tenedores de deuda del Estado pactados en US dólares.

De hecho, esta situación ya está generando inquietud en los inversionistas, reflejada en un deterioro de los indicadores de la deuda soberana salvadoreña en el mercado internacional de capitales. El Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad de relevancia especial, pues El Salvador se encuentra negociando un Acuerdo de Servicio Ampliado, que incluye un apoyo financiero de USD 1,300.0 millones, ha anunciado, por medio de su vocero, que continuará en conversaciones con las autoridades salvadoreñas, pero ha hecho explícitas las preocupaciones macroeconómicas, financieras y legales por la adopción de cripto activos como monedas de curso legal. El fracaso de la negociación con el FMI provocaría una crisis una crisis de confianza hacia la deuda soberana salvadoreña, reflejada en un encarecimiento agudo del financiamiento del presupuesto público, dificultades y barreras en el acceso a financiamiento en términos concesionales con la banca internacional de desarrollo.

Quinto, el fomento de actividades ilícitas aprovechando el anonimato que permiten las criptomonedas. Desde extorsiones de poca o mucha cuantía hasta evasión de impuestos, pasando por recursos de corrupción y lavado de activos podrían quedar impunes. La ley no incluye disposiciones que recojan las medidas preventivas en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo contenidas en recomendaciones y acuerdos internacionales, en particular del Grupo de Acción Financiera (Gafi).

Debido a estas preocupaciones y riesgos expuestos, es recomendable aplazar la vigencia de la Ley Bitcóin hasta contar con un análisis técnico, transparente e inclusivo que permita comprender los impactos posibles de esta criptomoneda sobre la economía y el bienestar de los hogares salvadoreños, sobre las finanzas públicas y sobre la ampliación de espacios para el lavado de activos y la promoción de actividades ilícitas. De ser necesario y tras este urgente análisis técnico, el gobierno y la Asamblea deberán dar marcha atrás a esta ley. En el corto plazo, el mejor mensaje gubernamental para los salvadoreños y para los agentes económicos internacionales, sería aplazar la entrada en vigencia de esta ley. Esto ayudaría a frenar la alarma y la ola de desconfianza creciente hacia El Salvador que se registra en el mercado internacional de capitales.