Debate legal sobre el derecho a grabar o fotografiar a funcionarios públicos o agentes de seguridad en El Salvador

El comisionado para derechos humanos y libertad de expresión de El Salvador, Andrés Guzmán Caballero, ha defendido el derecho a la imagen de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) tras un incidente con una periodista que cubría una actividad pública.

El suceso ocurrió en la plaza Libertad, donde un agente policial solicitó a una periodista que eliminara un video de una conversación con integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).
Guzmán ha subrayado que, aunque existen leyes que protegen el derecho a la imagen de todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios públicos, esto no limita el derecho de los periodistas a grabar en el ejercicio de sus funciones.

En sus declaraciones en redes sociales, el comisionado aclaró que no hay restricciones para filmar a agentes en el cumplimiento de sus labores, pero que la publicación de estas imágenes debe ajustarse a las normas que regulan la libertad de expresión y el derecho a la propia imagen.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció amenazas de demandas del agente policial contra dos fotoperiodistas, lo que llevó a Guzmán a manifestar que se dará seguimiento al caso. El presidente de la APES, Sergio Arauz, resaltó que actualmente no existe una ley de protección de datos personales en el país, desafiando la afirmación del comisionado sobre la existencia de regulaciones al respecto.

El marco legal en El Salvador establece que la difusión de imágenes sin el consentimiento de las personas afectadas puede vulnerar su privacidad, conforme a la Ley Especial contra Delitos Informáticos y otras normativas que penalizan el uso indebido de imágenes.

Sin embargo, se argumenta que la grabación de funcionarios en espacios públicos, en el ejercicio de sus funciones, es un acto legítimo y esencial para la transparencia y la libertad de prensa.
Abogados y expertos en derechos humanos han coincidido en que no existe prohibición legal para grabar hechos de interés público en lugares públicos, y han criticado las acciones del agente policial, que no tiene facultades para censurar a ciudadanos o periodistas.

La discusión pone de relieve la necesidad de un equilibrio entre el derecho a la propia imagen y la libertad de prensa, resaltando la importancia de un marco legal que proteja ambos derechos sin impedir el acceso a la información pública.

En este contexto, el comisionado Guzmán ha invitado a un diálogo constructivo con la APES, mientras que la organización periodística ha exigido acciones concretas para garantizar la protección de los derechos de los periodistas en su labor informativa