Confirman que agentes encubiertos ayudaron a desbaratar red de corrupción en licencias de conducir

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, aseguró que la red de corrupción que permitía la obtención fraudulenta de licencias de conducir sin la necesidad de aprobar los exámenes correspondientes, tenía un entramado que le permitía a sus clientes “aprobar” todos los exámenes tras pagar hasta $1,000 y que la operación fue investigada por agentes encubiertos.
“Estas examinadoras y escuelas de manejo lo que hacían es que le daban la aprobación de la prueba práctica, teórica, psicológica y únicamente la persona tenía que ir a Sertracen a traer su licencia”, explicó el funcionario en la entrevista Frente a Frente.
Según Herrera, la investigación inició de manera interna y reveló un esquema en el que examinadoras y escuelas de manejo facilitaban la certificación de pruebas teóricas, prácticas y psicológicas a cambio de pagos irregulares.
“Empezamos internamente con una investigación”, explicó el ministro, asegurando que se desplegaron agentes encubiertos para detectar anomalías dentro del sistema. Durante la indagación, se encontraron casos en los que ciudadanos pagaban entre $130 y $1,000 a tramitadores o escuelas de manejo para obtener una licencia sin haber cumplido con los requisitos establecidos.
Rodríguez detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con documentación que confirma estos pagos, con registros de transacciones.
“Estas examinadoras y escuelas de manejo lo que hacían era otorgar la aprobación de las pruebas sin que el solicitante las realizara. Luego, la persona solo tenía que presentarse en Sertracen a retirar su licencia”, agregó.
Según el ministro, aunque el fraude no llegaba al punto de entregar el documento de manera directa, los beneficiados por esta red lograban sortear todos los requisitos previos, lo que ponía en riesgo la seguridad vial del país.
Las autoridades han tomado medidas para frenar esta práctica ilícita. “Ahora, a través de la Fiscalía General de la República, siguen las investigaciones, y se han implementado nuevas regulaciones en el Viceministerio de Transporte”, explicó Herrera.
Entre las acciones correctivas, el gobierno ha otorgado un plazo de 90 días a las examinadoras y escuelas de manejo para que cumplan con nuevos requisitos.
“Deben contar con espacios adecuados, personal técnico capacitado y herramientas de trabajo esenciales para la enseñanza de conducción”, indicó el ministro.
Por el caso hay 28 detenidos, incluidos empleados del Viceministerio de Transporte.