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CIDH urge a El Salvador garantizar políticas penitenciarias y de seguridad con respeto a los derechos humanos
La CIDH reitera llamado al Estado de El Salvador a asegurar que las acciones relativas a las políticas de seguridad ciudadana y penitenciaria se implementen dentro de los límites y procedimientos que garanticen el respeto a los derechos y la dignidad humana.
Ante la prórroga por segunda vez del Régimen de Excepción, la Comisión alerta al Estado sobre su obligación internacional de asegurar las garantías judiciales, el debido proceso y el acceso a un recurso para el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por el derecho internacional de los derechos humanos.
En este sentido, preocupan a la Comisión las prórrogas de la suspensión de derechos contenidas bajo el régimen de excepción y las consecuentes restricciones a los derechos humanos en lugar de la implementación de políticas públicas sobre seguridad ciudadana que incorporen los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado.
La CIDH reitera al Estado de El Salvador su llamado para asegurar que, tanto las acciones de prevención, como las relativas a la investigación, juzgamiento y sanción a los crímenes se implementen dentro de los límites y procedimientos que garanticen la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos y garantías judiciales, preservando la dignidad humana como un todo.
La Comisión insta al Estado a cumplir con su obligación de informar inmediatamente a la persona detenida, sus familiares y representantes, sobre los motivos y razones de la detención. También debe de informar el lugar de privación de libertad.
La CIDH también expresa preocupación por las condiciones de detención que enfrentarían las personas detenidas, constatadas en el marco de la visita in loco realizada al país en 2019.
Al respecto, la CIDH señaló la deficiente infraestructura, condiciones de insalubridad, falta de higiene, atención médica insuficiente, escaso e inadecuado acceso al agua en los centros de detención.
Por último, la CIDH llama al Estado salvadoreño a adoptar las medidas requeridas para reducir el hacinamiento a través de la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, así como a garantizar condiciones de detención dignas, asegurar alimentación suficiente y de calidad, y garantizar el contacto de las personas detenidas con el mundo exterior a través de visitas y llamadas regulares.
Asimismo, urge al Estado salvadoreño a investigar los fallecimientos de forma rápida, seria e imparcial, identificar y sancionar a los responsables, reparar a las víctimas, y adoptar las medidas necesarias para evitar más muertes de personas se encuentran en custodia estatal.