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CIDH solicita a Gobierno restablecer derechos y garantías suspendidos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado llamando al Estado de El Salvador a restablecer la «plena vigencia» de los derechos y garantías suspendidas en el marco del régimen de excepción instalado durante los últimos 12 meses
«La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas», se lee en el comunicado.
El 15 de marzo de 2023, la Asamblea Legislativa decretó prolongar por la décima segunda vez consecutiva el régimen de excepción establecido por el Decreto Legislativo N.º 333 de 27 de marzo de 2022.
De acuerdo con la normativa, se mantienen suspendidos los derechos y garantías establecidos en los artículos 12 inciso 2° y 13 inciso 2° de la Constitución de El Salvador.
El Estado afirmó a la CIDH que, tanto las reformas a las leyes, como las herramientas y estrategias creadas para el combate a la violencia en el país, se han adoptado en respeto de los postulados constitucionales y a estándares internacionales de derechos humanos.
«Si bien se tiene información del Estado de que el país alcanzó una reducción de la criminalidad sin precedentes, contabilizando 188 días sin homicidios en los últimos 12 meses, la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común», señala la CIDH.
Al respecto, la Corte Interamericana ha advertido que la Convención Americana autoriza la suspensión de ciertos derechos y libertades en carácter excepcional «en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación».
De acuerdo al artículo 27.1 de la CADH los Estados pueden recurrir a este precepto únicamente «en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte».
La Comisión recuerda que el Estado tiene la obligación de asegurar que las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos y libertades consagrados en la Convención se mantengan vigentes en toda circunstancia, inclusive durante los estados de excepción.
La CIDH señala que la información de que al menos 65,795 personas han sido detenidas, desde la instalación del régimen de excepción, como presuntamente vinculadas al crimen organizado, de las cuales cerca del 90% tuvieron la prisión preventiva decretada, según información pública de 1 de marzo.