Centroamérica: Llegó la hora de alcanzar acuerdos fiscales

Jonathan Menkos Zeissig, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

El contexto social, económico y fiscal en el que nos encontramos en este momento es de gran incertidumbre, pues el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria de gran calado, que está impactando significativamente en la economía, al provocar un derrumbe abrupto del crecimiento y previsiblemente una pérdida de empleos. En este momento, es muy temprano medir qué tanto afectará esta crisis el bienestar social y el desarrollo de los próximos años, pues mucho dependerá de las respuestas que los gobiernos den a esta crisis, de la capacidad de cooperación entre Estados, y del esfuerzo político, nacional e internacional, para evitar que los gobiernos utilicen el momento como excusa para violar derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Esta crisis era poco esperada a inicios de 2020. En enero pasado, las estimaciones sobre el crecimiento mundial para 2020 se aproximaban al 3.3% anual, es decir, se avizoraba una mayor potencia de la economía global con respecto a lo contabilizado en 2019 (2.9%). Sí se advertían algunos riesgos que podrían afectar a la economía internacional, la posible escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea  y continuados conflictos políticos. 

Para Centroamérica, en este escenario, previo al Covid-19, se estimaba un crecimiento promedio regional de 3.0%, con economías como la panameña, la guatemalteca y la hondureña, potenciando una mayor actividad productiva. En cuanto a las finanzas públicas, se estimaba la continuidad de las tendencias de debilitamiento —suaves y consistentes— observadas en 2019: reducciones en las capacidades de recaudación de algunos países; un gasto público estable o con expectativas de reducción, en función del mantenimiento de niveles de déficit fiscal lo más contenidos posible y con saldos de deuda pública crecientes pero sometidos a medidas de contención.  Ese escenario ha cambiado drásticamente para el mes de abril.

Las proyecciones de crecimiento más recientes, publicadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, advierten que Centroamérica decrecerá entre 3.0 y 3.5%. Las mayores reducciones se esperan en Nicaragua (-6.0%) y El Salvador (-5.4%). En sentido contrario, las economías que menos sufrirán serán Guatemala y Panamá con una caída del producto interno bruto del 2.0%, en ambos casos.

 Es importante comprender que esta crisis exacerba los problemas estructurales que padece, con intensidades diferentes en cada país, y que están relacionados con un acceso inequitativo a la salud, altos niveles de pobreza y desigualdad. Baja capacidad de generación de empleo y de transformación productiva, impactos muy negativos de la producción sobre el ambiente natural y una política fiscal diseñada para la sobrevivencia de los Estados y no para la promoción del desarrollo. 

En este último elemento, destaca la pereza institucional que padecen las administraciones tributarias, a la que se suma la aprobación desmesurada y poco técnica de privilegios fiscales y un conjunto de caminos activos para la corrupción que hacen ineficiente la gestión pública al tiempo que restan legitimidad social a los gobiernos.

Sobre este contexto, los gobiernos con excepción de Nicaragua, están avanzando en diferentes medidas para intentar frenar el impacto negativo que esta crisis tendrá sobre la salud y el bienestar de las personas y sobre las posibilidades de existencia de las empresas. Resaltan el incremento de presupuesto para la salud pública, nuevos o fortalecidos programas de asistencia social (entrega temporal de dinero en efectivo, dotación de alimentos y seguros de desempleo) y apoyo al sector productivo (líneas de financiamiento especiales para las mipymes y grandes empresas). Para ello, los gobiernos están recurriendo a un mayor gasto público que requiere utilizar más endeudamiento ante la caída notoria de la recaudación.

 Hasta el momento, el gasto público adicional en Centroamérica para enfrentar la crisis supera los $11, 000.0 millones. Casi todo financiado con incrementos en la deuda pública, pues se estima que la recaudación de impuestos en la región caerá aproximadamente $4,600.0 millones. Considerando que esta crisis económica tendrá efectos nocivos en los próximos cuatro o cinco años, es comprensible que las frágiles condiciones en las que se encuentran las finanzas públicas centroamericanas hagan imposible replicar lo actuado en 2020 en los próximos años. 

Por todo lo anterior, es urgente para las sociedades centroamericanas discutir y lograr acuerdos fiscales que sirvan de base para garantizar derechos (como el de la salud y la protección social), plantear una hoja de ruta para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y reequilibrar las responsabilidades. Sin ser exhaustivo, esta reforma pasa por lograr una carga tributaria globalmente progresiva, disminuir la evasión y elusión de impuestos. Evitar más privilegios fiscales, tener un gasto público planificado y ejecutado buscando resultados; cerrar los caminos a la corrupción y aumentar la transparencia y rendición de cuentas. Los gobiernos que quieran salir airosos de esta crisis están obligados a buscar consensos políticos.