Avances y Desafíos del Sistema de Pensiones en El Salvador

Autor: Ing. René Novellino, Presidente Asociación Salvadoreña de Admistradoras de Fondos de Pensiones ASAFONDOS

El actual Sistema de Pensiones inició en abril de 1998 y durante estos veintitrés años de operación registra avances importantes tanto en el número de afiliados como en el monto de los ahorros acumulados para financiar las pensiones de los salvadoreños. Según estadísticas de la Superintendencia del Sistema Financiero, a diciembre de 2020 el Sistema contaba con más de 3.4 millones de afiliados quienes en conjunto sumaban ahorros por un valor superior a los US$12,400 millones.

Estos recursos están registrados en cuentas individuales de ahorro sobre las cuales los afiliados tienen derecho de pertenencia exclusivo, similar al que disfrutan si son propietarios de una cuenta bancaria. En esta cuenta individual, cuyo único fin es el pago futuro de pensiones para el afiliado y su grupo de beneficiarios, se acumulan sus cotizaciones, los aportes de su empleador, y la rentabilidad que se genera producto de la inversión del dinero. Este último es un factor de gran relevancia para el sistema ya que el monto de las pensiones depende directamente de la cantidad de ahorros que cada trabajador acumule en su cuenta; por tanto, el saldo final será producto de lo cotizado mientras se mantuvo trabajando y de la rentabilidad generada por la inversión de su ahorro.

Durante todo este tiempo, la operación y desarrollo del Sistema ha tenido sucesivas reformas, algunas de las cuales establecieron limitaciones importantes en el régimen de inversiones de los fondos que han dificultado generarle al trabajador una idónea rentabilidad.

Específicamente, el establecimiento en 2006 de una inversión obligatoria de los ahorros de los trabajadores en valores emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, instrumentos que por alrededor de diez años devengaron tasas de interés que oscilaron entre el 1% y el 2% anual, implicó una limitación significativa en el rendimiento de los fondos. A pesar de ello, desde el inicio de operaciones del Sistema, se han generado cerca de US$5,000 millones en concepto de rentabilidad para los ahorros de los trabajadores, valor que, de no existir las inversiones obligatorias, sería sin duda mayor.

La más reciente reforma que tuvo el Sistema se llevó a cabo en el último trimestre de 2017 y logró objetivos importantes. El principal fue la sostenibilidad del Sistema sin la necesidad de aportes del Estado para el pago de pensiones mínimas y los beneficios otorgados al grupo de afiliados favorecidos con el Decreto 100 de 2006. Esto se logró a través del establecimiento de la Cuenta de Garantía Solidaria, un fondo que se administra como parte de los Fondos de Pensiones y que para el Estado ha significado un ahorro de cerca de US$750 millones entre 2017 y 2020. La creación de esta Cuenta también permite que todos los afiliados que cumplen los requisitos para pensionarse tengan la garantía de que sus pensiones cuentan con una fuente de financiamiento segura y que su goce es vitalicio.

Una de las dos reformas adicionales incorporadas a la Ley en 2017 es el anticipo de saldo, una figura que permite a los afiliados hacer un retiro de hasta el 25% de su saldo de ahorro para pensiones al cumplir con un tiempo de cotización mínimo de 10 años y tener las edades definidas

en la Ley. Estos recursos anticipados, al pertenecer al afiliado, no están sujetos a las condiciones normales de un préstamo, sino que el solicitante tiene la libertad de utilizarlos para los fines que desee, y de definir cómo y cuándo puede reintegrar ese dinero a su cuenta de ahorros. A la fecha, cerca de 50,000 personas han optado por este beneficio y anticipado en conjunto más de US$330 millones.

La otra reforma importante es la que permitió la creación de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario, una nueva opción de inversión para los afiliados y en general para cualquier persona que esté interesada en ahorrar para fines de corto plazo, así como para complementar su pensión u otros proyectos de largo plazo.

Si bien la reforma de 2017 implicó avances importantes, dejó pendientes de resolver dos retos fundamentales para el país: la suficiencia de las pensiones, es decir, que los afiliados perciban pensiones que les permitan cubrir adecuadamente sus gastos de vida durante la vejez o en casos de invalidez o fallecimiento; y, en segundo lugar, ampliar la cobertura de la seguridad social en El Salvador, ya que a la fecha solo cerca del 30% de la Población Económicamente Activa está cubierta. Cualquier reforma futura del Sistema debe orientarse a cumplir estos dos objetivos teniendo a la base la premisa de que toda propuesta debe ser sujeta de una amplia discusión, pasar por análisis técnicos y cuantificación de impactos, así como asegurar su sostenibilidad a través de la identificación de fuentes de financiamiento que permitan garantizar la disposición de los recursos cuando estos sean necesitados.