Alcalde ordena cierre de talleres en Santa Tecla, ¿es legal la disposición?

El alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores, anunció el cierre de todos los talleres ubicados en el Paseo Concepción, Paseo El Carmen, 16 Avenida y en las áreas cercanas a los parques Daniel Hernández y San Martín, de Santa Tecla, lo que abrió las puertas para el debate sobre la legalidad de la disposición.

Este cierre será efectivo a partir del 1 de enero del próximo año, dando a los propietarios un plazo hasta el último día de diciembre para trasladar sus operaciones a otras localidades dentro de Santa Tecla o sus alrededores.

La decisión, dijo, se fundamenta en múltiples quejas de la ciudadanía, así como de turistas y estudiantes, quienes han reportado incidentes de acoso, derrames de aceites en las vías públicas y un estado general de desorden que afecta la imagen de la ciudad.

Según el alcalde, estas acciones buscan revitalizar el Centro Histórico y mejorar la calidad de vida de los residentes y visitantes.

“Es fundamental que los talleres se trasladen a áreas donde su actividad no perturbe el orden público ni la convivencia pacífica”, afirmó Flores.

Los propietarios tendrán acceso a asesoría y apoyo para identificar zonas autorizadas donde puedan operar de manera legal y conforme a la normativa vigente.

El alcalde enfatizó que, para operar en las nuevas ubicaciones, los talleres deberán obtener los permisos correspondientes y cumplir con las regulaciones que prohíben realizar reparaciones de vehículos en las calles, pasajes y avenidas, así como el uso de parqueos para este propósito.

¿Una medida apegada a la ley?

En El Salvador, las alcaldías cuentan con la autoridad legal para regular y ordenar la actividad comercial dentro de su jurisdicción, conforme a lo establecido en el Código Municipal.

Este marco legal otorga a los gobiernos locales la responsabilidad de promover el desarrollo económico, así como de asegurar el bienestar de la comunidad.
A través de ordenanzas y reglamentos, las alcaldías pueden establecer normativas que regulen el uso del espacio público y el funcionamiento de los negocios, permitiéndoles incluso imponer cierres temporales o definitivos cuando se considere que una actividad comercial afecta el orden público, la salud o la seguridad de los ciudadanos.

Además, las alcaldías tienen la facultad de otorgar o revocar licencias de funcionamiento de los establecimientos comerciales, lo que implica un control directo sobre las operaciones dentro de su territorio.

Esta potestad permite a las autoridades locales intervenir en situaciones donde se detecten irregularidades, como el incumplimiento de normativas ambientales o de seguridad.

En casos de conflictos entre las actividades comerciales y el bienestar de la comunidad, las alcaldías pueden actuar para ordenar el cierre de negocios que no cumplan con las regulaciones establecidas, buscando así equilibrar el desarrollo económico con la calidad de vida de los habitantes.