Al toro, por los cuernos

Por: David López, economista senior  de LexCor Competition Lex Expert. 

No suele ser de conocimiento popular y generalizado el rol que desempeña una autoridad de competencia en una economía. Además, aquellas personas que sí conocen, al menos, de su existencia o su quehacer, probablemente, sean escépticos respecto de su relevancia dentro del aparataje del Estado, para generar un impacto visible en las condiciones estructurales y conductuales de los mercados y de la economía, en el agregado. 

Para aquellos que no conocen, la función de ese tipo de institución es proteger y promover la competencia, resguardando la rivalidad, en el mercado, de prácticas como cárteles y abusos de posición dominante. Todo ello, con la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores como fin ulterior. De hecho, resulta intuitivo pensar que en una economía de mercado, más competencia deriva en beneficios para los consumidores: cuando existen muchas empresas ofreciendo un producto, tratarán de posicionar sus marcas y productos ofreciendo los mejores precios, mejor calidad, mayor diversidad o innovación.

Esos son los beneficios que en teoría se obtienen de la competencia. En ese sentido, una institución que los garantice debería ser crucial para una economía de mercado. Sin embargo, ¿por qué la autoridad de competencia no tiene más “popularidad”, por decirlo de una forma sencilla?

La respuesta está muy ligada a los retos que enfrenta una autoridad de competencia. En El Salvador, la Superintendencia de Competencia tiene aproximadamente 13 años de haber iniciado operaciones. En ese periodo, su principal reto estaba en el ámbito interno. Debía afrontar una curva de aprendizaje pronunciada, básicamente adquirir experiencia en su labor institucional. Esto implicaba desarrollar criterios de aplicación de la Ley de Competencia; hacer benchmarking para crear sus procesos internos, con fases y pasos definidos. Eligiendo herramientas de análisis adecuadas; comprender y analizar la diversidad de mercados y la profundidad de sus principales obstáculos a la competencia.

Se trataba de una etapa de preparación, donde incluso es aceptable aprender a prueba y error. A fin de cuentas, era una institución joven creando camino al andar.  No obstante, luego de más de una década, ese esfuerzo debería arrojar resultados que le permitan a la institución asumir nuevos retos. En una nueva etapa, de mayor madurez institucional, el principal reto de la Superintendencia es precisamente la legitimidad. Debe demostrar que la protección y promoción de la competencia que realiza, e incluso la misma existencia de una ley de competencia, generan efectos directos y tangibles para la población. No se trata de un discurso, claramente, sino que la sociedad misma reconozca su importancia al valorar los resultados de sus decisiones.

Para ello, la acumulación de aprendizajes, de nociones y de errores dispersos debe convertirse en capacidad analítica que le permita definir un rumbo estratégico. Debería haber desarrollado un olfato institucional para reconocer dónde hay problemas de competencia y saber cómo atacarlos. Esto implica que la Superintendencia debe asumir un rol activo en la mejora de las condiciones de los mercados, no ser un simple aplicador de la ley sin una visión estratégica. Todo dentro de sus facultades, claramente.

Una decisión estratégica clave será orientar de manera coordinada sus recursos institucionales a las acciones que tengan mayor impacto en el mediano y largo plazo para mejorar el funcionamiento de los mercados, dadas sus condiciones actuales y particulares. Es poco plausible creer que nuestros mercados son lo más competitivos que podrían ser.

Es hora de abordar las preguntas complejas ¿cómo evidenciar y combatir los abusos de poder de mercado, dada la economía tan concentrada? Porque resulta difícil creer que nuestros mercados estén exentos de abusos, como acuerdos de exclusividad, discriminación de precios o la creación de obstáculos a la competencia, en general. 

¿Cómo identificar y lograr que se eliminen barreras para competir creadas por la regulación o estructuras que no fomentan la eficiencia de los mercados? ¿Cuáles y por qué existen privilegios injustificados para ciertos mercados?

Por otro lado, otra decisión estratégica será demostrar los resultados de esas decisiones. La institución debe seguir fortaleciendo la percepción de imparcialidad y nivel técnico que ciertos conocedores de su quehacer le atribuyen. Así obtendrá reconocimiento y legitimación de la sociedad. Para ello, es crucial desarrollar evaluaciones de impacto de sus decisiones, que cuantifiquen y evalúen en retrospectiva, con criterios objetivos e imparcialidad. Esto requeriría una participación externa, para dar confiabilidad a los resultados. 

Por ejemplo, un convenio con universidades podría resultar favorecedor, ya que podría aportar además validez metodológica desde la Academia.

Es clave tener una visión y estrategia coherente y cohesiva que permee en todas las actuaciones y que permita entrelazar esfuerzos entre actuaciones, para contribuir al crecimiento desde las raíces de los problemas fundamentales y más importantes de los mercados. Todo esto implica incomodar, presionar, cuestionar, sancionar y ser firme, estar seguros de sus decisiones y tener cómo sustentarlo. Hay que dejar de practicar y es hora de tomar al toro por los cuernos.