Al menos 160 abogados en la Procuraduría General de la República serán cesados en octubre

A partir del 1 de octubre, al menos 160 abogados de la Procuraduría General de la República (PGR) deberán presentar su renuncia, en un recorte que afecta significativamente a la Unidad de Defensa Pública Penal.

Estos profesionales, quienes actúan como defensores públicos y han estado brindando apoyo a personas capturadas en el marco del régimen de excepción, son parte de un despido más amplio que afectará a un total de 400 trabajadores de la institución.
Según estimaciones internas, alrededor del 40% de los empleados despedidos pertenecen a la mencionada unidad, que cuenta con 19 sedes a nivel nacional.

La memoria de labores de la PGR del periodo 2023-2024 indica que la institución cuenta actualmente con 1,611 servidores públicos, de los cuales 1,517 están bajo la Ley de Salario y 73 son contratados por servicios profesionales.
El informe revela que el 67% de las atenciones de la Unidad de Defensa Pública Penal se dirigió a procesos penales comunes, mientras que el 27.9% se concentró en delitos relacionados con el crimen organizado.

Desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023, estos defensores han gestionado la defensa técnica de 60,237 personas capturadas, lo que equivale a un promedio de 219 casos por abogado, sin contar otros delitos no relacionados con el régimen de excepción.
Organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por las implicaciones de estos despidos en los juicios sumarios programados para iniciar en 2025.

Movimientos relacionados a seguimiento de procesos judiciales enmarcados en el régimen de excepción han externado su preocupación, porque muchos de los cesados son defensores de los casos que les ocupan.
Las organizaciones civiles exigen una revisión de esta situación para garantizar el derecho a una defensa adecuada para los acusados.