Abogados solicitan liberación de 238 venezolanos deportados por EE. UU.

Un equipo de abogados presentó este lunes un recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, solicitando la liberación de 238 ciudadanos de ese país recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El bufete Grupo Ortega, que lleva la representación legal de 30 de los detenidos, indicó que la petición se realiza en coordinación con el Comité de Familiares de Migrantes. La petición, dijeron, es extensiva a todos los venezolanos encarcelados, aunque insistieron que representan a 30.
El abogado Jaime Ortega aseguró que los detenidos no tienen antecedentes criminales y que su detención se debió exclusivamente a su estatus migratorio en Estados Unidos.
“Hemos presentado documentación apostillada que demuestra que estas personas son migrantes, incluyendo a un cantante, y que no poseen vínculos con ninguna organización delictiva. El hábeas corpus es un recurso legal de emergencia que busca proteger la libertad e integridad física de los detenidos”, explicó Ortega.
El abogado también insistió en que sus representados no forman parte de la banda criminal Tren de Aragua, señalada por los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador como una organización transnacional delictiva. “No hay pruebas que los vinculen con esa estructura criminal”, enfatizó.
La solicitud presentada ante la CSJ plantea dos opciones: la liberación inmediata de los detenidos o su traslado a Venezuela, ya que muchos de ellos se encontraban tramitando asilo y residencia en Estados Unidos antes de ser deportados.
Por su parte, el abogado Salvador Ríos, también del Grupo Ortega, calificó las detenciones como “ilegales”, argumentando que los venezolanos no enfrentan procesos penales ni en El Salvador, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos.
Tanto el gobierno estadounidense como el salvadoreño han identificado a los detenidos como presuntos miembros del Tren de Aragua.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la medida el pasado viernes, afirmando que los migrantes venezolanos deportados y enviados a El Salvador pasaron por un “riguroso proceso de verificación” para determinar sus vínculos con la organización criminal.