Abogados se pronuncian ante captura de colegas

Ayer, varios abogados se pronunciaron en un comunicado  de un medio informativo, en contra de las capturas de dos abogados de una empresa a la que se le acusa de evasión fiscal por 2.7 millones de dólares.

La Fiscalía General de la República (FGR) capturó el pasado jueves a los abogados Rafael Mendoza y Rodrigo Rosales  solo por ser representantes legales de una empresa acusada de evasión fiscal.

En el comunicado los abogados argumentaron su postura con respecto a la responsabilidad penal, en la sentencia de Habeas Corpus 36-2008 de la Sala de lo Constitucional: “Para la atribución de un reproche penal a una persona, conforme a las responsabilidad subjetiva, se parte de la premisa de que solo es responsable por los actos que le sean personalmente reprochables, lo cual a su vez supone en principio y términos generales, que respecto a los hechos delictuales atribuidos, la persona tuviera la posibilidad de saber qué hace y la libertad para determinar su comportamiento”.

Ellos consideran que no se puede atribuir de manera automática la responsabilidad a abogados que únicamente participan en los cargos de la administración social en el marco de una relación abogado-cliente.

También expusieron que la acción tomada por la FGR provoca una grave amenaza al gremio de abogados y a cualquier ciudadano.

Los abogados expresaron su solidaridad a los colegas detenidos y manifestaron la amenaza que supone la violación al principio constitucional de responsabilidad subjetiva al procesarse penalmente a personas solo por ocupar un cargo determinado, y sin investigar a profundidad si tuvieron algún tipo de participación material en los hechos atribuidos; por lo que solicitan que se respeten los principios constitucionales de responsabilidad subjetiva y de presunción de inocencia.

Los profesionales del derecho exhortaron a las autoridades a ejercer sus funciones investigativas y judiciales respetando las garantías constitucionales dilucidando los hechos ocurridos en ese caso y que si se determina que se cometieron ilícitos, se atribuya la responsabilidad a las personas que de manera material cometieron esos actos.

Abogados que se pronunciaron:

Pedro Alejandro Mendoza CAalderón

Danilo Rodríguez Villamil

Elena Patricia Puente de Ortiz

Daniel Eduardo Olmedo Sánchez

Luis Miguel Espino Arrieta

Domingo Méndez

José Luis Lovo Castelar

Luis Ernesto Guandique Mejía

Carlos Quintanila Schmidt

Mario Enrique Sáenz

Verónica Mina

Daniel Eduardo Navarro

José Mario Machado Calderón

Ricardo Alfredo Aguilar Torres

Juan Gerardo Guandique Chávez

Carlos Mauricio Guzmán Segovia

Sarah Maleny Payés Andrade

Roxana Carolina Segovia Ayala

Gabriela Yanet Suarez Rivera

Martha de Jesús López Mendez

Luis Ernesto Guandique Chávez

Ana Patricia Portillo Reyes

Humberto Sáenz Marinero

Mario Antonio Sáenz Marinero

Patricia Gómez Salazar Amaya

Mónica María Galdamez Amaya

José Miguel Arévalo Rengifo

Óscar Mauricio Hurtado Zaldaña

Luis Giancarlo de la Gasca Coltrinari

Adriana María Cuestas Gómez

Julio Cesar Vargas Solano

Antonieta María Granillo de Galindo

Gloria Patricia Guerrero de Guerrero

Edna Carolina Lopez Toledo

Carlos Alexander Cader Meléndez

Kevin Steve Vargas Carlderón

Dionisio Atilio Guerrero Martinez

Marco Javier Calvo Caminos

Juan José Francisco Guerrero Chacón

Jorge Andrés Méndez Allwood

La imagen debe salvaguardarse

Ante este caso, pedimos la opinión del abogado Raúl Mirón de la firma Alvarenga & Mirón para que conteste ciertas interrogantes suscitadas ante el accionar de la FGR.

¿Qué piensa del riesgo que se toma al ser representante legal en El Salvador?

Es una práctica usual en el ámbito del derecho corporativo, que los abogados figuren inicialmente como socios fundadores y/o administradores de sociedades  con capital extranjero. Sin embargo conlleva  el riesgo de que si no se hace un traspaso de la administración, una vez la empresa está operando, el quedar vinculado como miembro de la directiva, sin realmente tener una participación material puede conllevar a que se puedan vincularle  responsabilidades, por el mero hecho de figurar en la administración social, independientemente de que materialmente no se tenga injerencia en la operación.  Recordemos que el Código Tributario hace responsables a los representantes legales, del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y penalmente, se persigue a aquellos que conocieron o debieron conocer los hechos.

¿La FGR cómo debería e actuar ante situaciones así?

Debería llevar a cabo sus investigaciones, con profesionalismo y exhaustividad técnica, respetando el principio de la presunción de inocencia, es decir, velando por salvaguardar  la imagen de la persona indiciada, pues esta no es culpable hasta que se le pruebe en juicio. Por lo que exponer  públicamente a un abogado, para el caso, no solo compromete seriamente su reputación profesional y su honor sino que puede llegar a significar hasta una “muerte civil”. Debe cuidarse la FGR pues ya contamos con una ley de Daños Morales y una persona inocente expuesta  a tal escarnio público podría hacer una reclamación contra el Estado.

¿Qué hay que hacer como abogados para evitar abusos de esta índole?

En primer lugar, estar más unidos como gremio de modo que una voz más sólida, fuerte y compacta que vele por la legalidad ponga frenos a las instituciones vinculadas con la persecución penal, para concientizarles de que la presunción de inocencia no solo es una garantía a un juicio previo, sino a que se le brinden a un investigado o acusado, las garantías correlativas a que se le presuma inocente, lo que implica que su imagen, honor y buen nombre tampoco puede mancharse a priori, exponiéndole públicamente como si de un delincuente peligroso o habitual  se tratare.