Abogado salvadoreño Sidney Blanco fue parte del panel internacional que observó renovación de magistrados guatemaltecos

Guatemala concluyó este jueves el proceso de elección de los 13 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, después de turbulentas semanas en las que diferentes sectores de la sociedad, incluido el presidente Bernardo Arévalo, insistieron en la importancia de la selección de los representantes idóneos para los cargos.

Y como observador en el proceso, formando parte de un equipo de expertos internacionales, un abogado salvadoreño: Sidney Blanco.

Exmagistrado de la Sala de lo Constitucional (2009-2018) y también exfiscal especial en el sonado caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas cometido el 16 de noviembre de 1989 (el juicio concluyó en enero de 1992), insistió con frecuencia que la justicia guatemalteca requería profesionales capaces, pero además apegados a la defensa de la democracia, el rescate del sistema judicial (que según el gobierno está cooptado por la corrupción) porque sobre la base de su trabajo recaerá de defensa del Estado.

Apenas el lunes pasado, el panel de expertos internacionales hizo un llamado al Congreso de Guatemala para que asegurara la transparencia en la elección de magistrados del poder judicial.

En este contexto, Sidney Blanco, pidió a los legisladores “depurar” el listado y excluir a postulantes cuestionados.

“El Congreso debe abstenerse de elegir a aquellos funcionarios que han sido utilizados para criminalizar a personas, jueces, fiscales, periodistas y pueblos indígenas”, advirtió Blanco, subrayando que este sería el “peor perfil” que podría elegir el Parlamento.

Aseguró en junio pasado en una entrevista con un periódico guatemalteco que “elegir magistrados para la Corte Suprema es tan importante como elegir un Presidente de la República”, afirmó.

Su rol dentro del panel de expertos fue supervisar el proceso de postulación, garantizando la independencia judicial, un tema crítico para la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos.

En ese mismo equipo estaba la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, y Ana Lorena Delgadillo, abogada del grupo de la ONU sobre desapariciones forzadas.
Blanco explicó que el objetivo del panel fue ser la voz de diversas organizaciones internacionales interesadas en monitorear el proceso y hacer recomendaciones para asegurar su transparencia y legitimidad.

“El impacto de no contar con jueces independientes es grave; afecta la política, desestabiliza instituciones y puede llevar a la corrupción”, advirtió en su momento.
En su análisis sobre la situación del sistema judicial guatemalteco, el exmagistrado dijo que, al igual que en otros países de América Latina, la falta de independencia de los poderes judiciales es un problema recurrente.

Esto se traduce en un déficit de confianza por parte de la ciudadanía y en condiciones desfavorables para el ejercicio de derechos fundamentales.

Blanco también abordó las implicaciones que tiene para la población la elección de autoridades judiciales, enfatizando que un sistema judicial débil puede resultar en la proliferación de la impunidad y una disminución en el acceso a servicios básicos como la salud y la educación. “Los más afectados son siempre los sectores más vulnerables”, añadió.