La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia el 18 de marzo de 2024, en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado de El Salvador por las desapariciones forzadas de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, ocurridas durante el conflicto armado interno salvadoreño.

El Tribunal determinó que la desaparición de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval también representó una violación del derecho a defender los derechos humanos. Además, constató que, tras más de 41 años, el paradero de las víctimas sigue siendo desconocido y no se ha identificado a los perpetradores, lo que constituye una violación de los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial y el derecho a conocer la verdad en perjuicio de las víctimas y sus familiares .

La Corte destacó las graves afectaciones a la integridad personal de los familiares de las víctimas, especialmente los hijos de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, quienes eran menores de edad al momento de la desaparición de su madre. La incertidumbre y el sufrimiento resultantes han tenido un impacto significativo en su desarrollo personal y familiar. En este contexto, el Tribunal concluyó que el Estado violó los derechos a la integridad personal, la protección de la familia y los derechos de la niñez de los familiares de las víctimas .

El Estado de El Salvador realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, admitiendo la desaparición de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, y aceptando la inactividad en los procesos de investigación sobre estos hechos. Este reconocimiento incluye la posibilidad de que los familiares de las víctimas sean reconocidos como «víctimas indirectas», siempre que se acredite un vínculo familiar directo .

La Corte IDH ordena al Estado continuar las investigaciones penales en curso por los delitos de desaparición forzada y tortura, así como las acciones de búsqueda de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez.

Así también, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, también efectuar las modificaciones necesarias al “Monumento a la memoria y la verdad”, de común acuerdo con los familiares de las víctimas del presente caso.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha declarado que El Salvador es responsable por violaciones a los derechos de garantías y protección judiciales en perjuicio de Miguel Ángel Aguirre Magaña.

Esta decisión se enmarca en la Sentencia del Caso Aguirre Magaña vs. El Salvador, notificada la semana pasada, y surge tras el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado salvadoreño.

El caso tiene sus raíces en un incidente ocurrido el 13 de noviembre de 1993, cuando el señor Aguirre Magaña, mientras realizaba una diligencia judicial en un vehículo propiedad del Juez de Paz de Villa de Apaneca, sufrió la explosión de un artefacto. Esta explosión le causó graves lesiones, incluyendo la amputación de su pierna derecha y la pérdida de audición en su oído derecho.

A pesar de las denuncias presentadas por Aguirre Magaña en 1993, alegando que el vehículo contenía una granada propiedad del juez, el proceso judicial se prolongó durante once años. Finalmente, en 2004, se emitió una resolución de sobreseimiento provisional, la cual fue apelada y confirmada, dejando el caso sin una resolución satisfactoria.

La Corte IDH señaló que el proceso penal, que duró más de una década, estuvo plagado de omisiones e irregularidades. El tribunal destacó que no existían elementos de complejidad en el caso que justificaran tal demora, y subrayó los esfuerzos infructuosos del señor Aguirre por acelerar el proceso. Además, la Corte resaltó que debido a la discapacidad del señor Aguirre, las autoridades debieron haber manejado el caso con mayor celeridad para proteger sus derechos de manera efectiva.

En su fallo, la Corte determinó que El Salvador no cumplió con la debida diligencia ni garantizó un plazo razonable en el proceso judicial. Asimismo, se concluyó que el señor Aguirre no contó con un recurso efectivo para salvaguardar sus derechos, violando así las garantías judiciales y de protección judicial.

Como resultado de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación para el señor Aguirre. Entre las que se encuentran brindar los servicios de rehabilitación y prótesis y el tratamiento psicológico al afectado. Así también, deberá pagar $35,000.00 en concepto de indemnización.

El fallo fue emitido por un panel de jueces compuesto por la Presidenta, Jueza Nancy Hernández López (Costa Rica), el Vicepresidente, Juez Rodrigo Mudrovitsch (Brasil), y los jueces Humberto A. Sierra Porto (Colombia), Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay), Verónica Gomez (Argentina) y Patricia Pérez Goldberg (Chile).

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) ha realizado la elección del nuevo Consejo Directivo para el Centro de Mediación y Arbitraje (CMA) mediante una ceremonia de juramentación la semana pasada.

El proceso de elección culminó con la designación de Raúl Díaz Ventura como presidente del CMA, un profesional con una vasta experiencia en el ámbito legal y comercial. Junto a él, Oscar Antonio Giralt asume el rol de vicepresidente, aportando su conocimiento y perspectiva estratégica al equipo.

Durante la ceremonia, Leticia Escobar, presidenta de CAMARASAL, extendió una cálida bienvenida al nuevo Consejo Directivo. En su discurso, enfatizó la importancia del CMA como pilar para el desarrollo empresarial, destacando su papel en ofrecer servicios de mediación y arbitraje accesibles y de alta calidad a empresas de todos los tamaños. Resaltó el compromiso del CMA con la ética y el respeto a los principios fundamentales que rigen una sociedad libre y justa.

El presidente entrante, Raúl Díaz Ventura, en su discurso inaugural, reflejó su comprensión del significado y la responsabilidad de su cargo. Manifestó su intención de dirigir el CMA con una mezcla de humildad y búsqueda de la excelencia, siempre con la mira puesta en la justicia y el bienestar común. Además, señaló el cambio positivo en la percepción internacional de El Salvador, reconociendo las oportunidades que esto representa para atraer inversiones extranjeras y fortalecer la economía nacional.

El Consejo Directivo se compone de diez consejeros profesionales, cada uno con una trayectoria destacada en sus respectivos campos. Este grupo diverso y talentoso incluye a Raúl Díaz Ventura, Oscar Antonio Giralt Ayala, Ana Mercedes López de Fabregat, Julio Tito Mancía Arrué, entre otros.

Su misión será impulsar la renovación de reglamentos, expandir la proyección internacional del CMA, fortalecer alianzas estratégicas con instituciones académicas y avanzar en la implementación de plataformas tecnológicas que agilicen los procesos y aseguren la sostenibilidad de la institución.

Con un enfoque en la actualización de las listas de árbitros y mediadores nacionales, el nuevo Consejo Directivo se compromete a mantener los más altos estándares de calidad y profesionalismo. La visión compartida por sus miembros garantiza que el CMA continuará superando los desafíos del presente y del futuro, logrando los objetivos trazados para este nuevo período.

La Superintendencia de Competencia (SC) ha sido galardonada por el Banco Mundial y la Red Internacional de Competencia (ICN) en reconocimiento a su destacado trabajo en promover la competencia y apoyar a las pequeñas empresas en el país.

Este premio se otorga en la edición 2024 del prestigioso Concurso sobre Abogacía de la Competencia, donde El Salvador fue seleccionado de entre 48 postulaciones.

La SC fue reconocida en la categoría «Favoreciendo Oportunidades de Negocio y el Crecimiento Empresarial a través de la Abogacía de la Competencia». La distinción resalta la estrategia multianual de la SC para promover una cultura pro-competencia, que involucra a las pequeñas empresas mediante estudios, informes, publicaciones, y actividades de capacitación y sensibilización.

El premio fue recibido por Luis López, Embajador de El Salvador en Brasil, durante una ceremonia en la Conferencia Anual de la ICN, celebrada en Bahía, Brasil. Este logro subraya el compromiso de la SC y del Gobierno de El Salvador en crear mercados eficientes donde las empresas compitan de manera justa y los consumidores se beneficien al máximo de esta dinámica.

Gerardo Henríquez, Superintendente de Competencia, destacó que “este premio es un reconocimiento al esfuerzo continuo de la Superintendencia de Competencia para fomentar un entorno empresarial justo y competitivo en El Salvador, lo cual es crucial para el desarrollo económico y la equidad en el mercado.”

Este reconocimiento se suma al respaldo internacional del trabajo de la SC, consolidando su reputación como una entidad comprometida con la promoción de prácticas competitivas saludables. En 2023, la SC ya había sido premiada en otra categoría del mismo concurso por su labor en la promoción de la competencia en la integración económica centroamericana.

En El Salvador, las micro y pequeñas empresas representan más del 95% del parque empresarial, siendo un pilar fundamental para el desarrollo de buenas prácticas de competencia empresarial. La SC ha trabajado arduamente para asegurar que estas empresas tengan oportunidades justas de crecimiento y desarrollo, lo cual es esencial para la economía del país.

La Alcaldía de San Salvador Centro emitió ordenanza para la dispensa de intereses moratorios por tasas y contribuciones especiales aplicadas a la propiedad inmobiliaria, válida durante 30 días.

Esta medida tiene como objetivo facilitar a los propietarios de inmuebles la actualización de sus pagos de tributos municipales, en los distritos de San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado

La dispensa abarca servicios esenciales como aseo, alumbrado eléctrico y disposición final de residuos, así como contribuciones especiales generadas hasta el 31 de abril de 2024, las cuales suelen estar reflejadas en los recibos de energía eléctrica. Con esta ordenanza, los contribuyentes podrán ponerse al día con sus pagos sin la carga adicional de intereses moratorios.

Los propietarios interesados en beneficiarse de esta dispensa tienen la opción de solicitar planes de pago a plazos de hasta 12 meses. Para ello, deben cumplir con ciertos requisitos, como presentar una solicitud en cualquiera de los Puntos de Atención Empresarial (PAE) o en el Centro de Atención Tributaria (CAT), y abonar una prima del 30% de la deuda total.

Es importante destacar que esta dispensa no se aplica a deudas relacionadas con multas, inscripciones extemporáneas, deudas comerciales, elementos publicitarios o deudas que ya estén sujetas a procesos de cobro judicial.

Los pagos pueden realizarse de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. en el Centro de Atención Tributaria (CAT), la agencia en Metrocentro y en las sedes distritales designadas.